La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado, durante su comparecencia en la comisión de Empleo del Congreso, sanciones a las empresas por cada contrato temporal sin justificar y una posible elevación de las cuantías de las mismas.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, avanzó este jueves durante su comparecencia en la comisión de Empleo del Congreso que propondrá a los interlocutores sociales en la mesa de la calidad en el empleo endurecer la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin causa y elevar las cuantías.

Para el desarrollo de esta propuesta, justificada por parte del Ejecutivo como una lucha contra la temporalidad injustificada, Empleo pretende impulsar la imposición de tantas sanciones como contratos sin causa haya celebrado una empresa, corrigiendo de este modo el actual sistema centrado en la infracción y que no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados, según explicó la titular de la cartera de Empleo.

Según palabras de la propia Báñez, con esta y otra medidas, que se plantearán a los agentes sociales, el Ejecutivo confía en formar “un paquete potente” que permita “lanzar un mensaje claro e inequívoco” de que el “abuso de la temporalidad” supone un atentado “a uno de los derechos más básicos de los trabajadores: la estabilidad en el empleo”

En su comparecencia señaló, del mismo modo, que el “abuso de la temporalidad” supone un atentado “a uno de los derechos más básicos de los trabajadores: la estabilidad en el empleo”, y además ese fraude constituye un acto de competencia desleal, “que perjudica a la gran mayoría de empresas de este país que sí cumplen con la ley”.

Endurecimiento de las sanciones por contratación temporal abusiva y …

Junto al endurecimiento de las sanciones por contratación temporal abusiva, Báñez, ha adelantado la intención del Gobierno de impulsar otras medidas como:

• una reducción en el número de contratos a tres -indefinido, temporal y de formación- con una indemnización de despido creciente para los contratos de duración determinada de 12, 16 y 20 días por año trabajado.
• Una mejora de la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje como medida para facilitar la inserción laboral de los más jóvenes
• Una ampliación en la formación asociada al contrato de formación para su adaptación a las necesidades que se puedan detectar en los distintos sectores y empresas a través del proceso de negociación colectiva.